Las más de 130 organizaciones de la sociedad civil de todo el país que conformamos el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva manifestamos nuestro repudio frente a los agraviantes comentarios de la Ministra de Educación de CABA, Lic. Soledad Acuña, en relación con el caso de Alan Rodríguez, joven al que la Ciudad de Buenos Aires niega su derecho al título secundario.

Sostener, como lo hace la Sra. Ministra, que Alan reclama su título como si fuera el resultado de una rifa (“Hubo un mal manejo de la información pública, y es tanta la especulación política que mucha gente de buena fe firmó una petición para que le demos el título de Bachiller a Alan, pero nosotros no sorteamos títulos, porque esto no es una rifa", expresó la Lic. Acuña), es antijurídico, pues desconoce el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con jerarquía constitucional en nuestro país, que obliga a los Estados parte a establecer sistemas de educación inclusiva, que atiendan y respeten la diversidad. Y es profundamente agraviante para Alan y para la cantidad de alumnos y alumnas con discapacidad que día a día se esfuerzan por estudiar y alcanzar los objetivos que el sistema educativo impone. Estos alumnos y alumnas no esperan el resultado de una rifa: esperan y reclaman el respeto de su derecho a aprender (art 14 de la Constitución Nacional) y la certificación del cumplimiento de un nivel educativo obligatorio (ley 26.206), sencillamente porque lo cumplieron.

Finalmente, rechazamos en forma terminante los dichos de la Ministra según los cuales las organizaciones que acompañamos el justo reclamo de Alan estaríamos haciendo ¨manipulación política del caso¨. En primer lugar, el reclamo de Alan está en sede judicial, en trámite por la vía de una acción de amparo, de modo que el desconocimiento de la situación que revela la Ministra es preocupante.
En segundo lugar, siempre hemos puesto de manifiesto nuestra voluntad de diálogo para arribar a soluciones coherentes con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de educación inclusiva. Sin embargo, la Sra. Ministra nunca respondió nuestras solicitudes de entrevista.

Cabe señalar que las organizaciones que integran el “Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva” están conformadas en su mayoría por padres y voluntarios que no reciben recursos ni aportes estatales ni privados y que trabajan incansable y gratuitamente para defender el derecho a la educación inclusiva, ante la acción, inacción, ofensa, agravio constante y violación de derechos reconocidos por ley, de un sistema educativo responsable de ejecutar medidas discriminatorias contra los alumnos con discapacidad que asisten a la modalidad común de educación.

Peticionar ante las autoridades por el respeto de un derecho con jerarquía constitucional y manifestar las ideas por medio de la prensa (art. 14 de la Constitución Nacional) no son actos de manipulación política. Son acciones de ejercicio de garantías y derechos constitucionales en una sociedad democrática. Los ministros del Poder Ejecutivo (en este, caso de la Ciudad de Buenos Aires) deberían respetarlos.

Fuente: Investigación Discapacitados.info